El pasado mes de marzo, la prensa haría eco del aspecto final de la intervención llevada a cabo en el Castillo de Matrera (Villamartín, Cádiz) y de la disparidad de opiniones generada tanto en los medios como en profesionales, curiosos e interesados por la cultura, tanto en España como a nivel internacional.
Este tren de sentimientos encontrados, cuyos principales actores adquieren un papel diferenciado respecto a la naturaleza de la restauración de inmuebles y yacimientos arqueológicos, sigue un cauce común más allá del ruido que ha generado la polémica: conseguir salvar esta fortaleza cuya desaparición parecía inminente tras los derrumbamientos sufridos en 2013.
La interpretación de la normativa española para establecer un juicio sobre cómo debería realizarse o cómo debería haberse realizado esta intervención podría ser la causa de fondo, ya que ha abierto una brecha entre distintos sectores implicados en el patrimonio, aplicando cada uno de una manera diferenciada los criterios metodológicos en la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 y la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz 14/2007, adoptando así posiciones enfrentadas como admiradores o detractores de las soluciones tomadas por Carlos Quevedo Rojas para restituir esta fortaleza.
Dejando a un lado la opinión personal de cada uno respecto a la restauración del Castillo de Matrera, ¿en qué radica este desacuerdo y por qué se produce si partimos de la necesidad de la conservación de este castillo como meta común?
Podéis encontrar el artículo completo que escribí para la Revista PH (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) aquí.
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